Por obvias razones, uno de los temas más polémicos de los últimos años en el Magisterio Peruano lo constituye, la Evaluación del Ingreso Público a la Carrera Magisterial.
Es nuestro país, la Evaluación para el Ingreso a la Docencia en las Instituciones Públicas de la Educación Básica Regular (está normado por la Ley 29062), se realiza por Concurso Público, tal como lo especifica su Artículo 12:
El Ministerio de Educación es el responsable de planificar, conducir, monitorear y evaluar el Proceso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Autoriza anualmente la convocatoria a Concurso Público para acceder a plazas vacantes.
El concurso público se caracteriza por ser objetivo, transparente, imparcial y confiable. Se realiza en dos etapas:
a) La primera a cargo del Ministerio de Educación para acreditar las capacidades y competencias del docente, a través de una prueba nacional. Esta comprende además la evaluación psicológica.
b) La segunda se desarrolla en la Institución Educativa entre quienes hayan aprobado la primera etapa. En ésta se evalúa la capacidad didáctica del docente, así como su conocimiento de la cultura y lengua materna de los educandos.
El gran problema no radica en la decisión política de modificación del ingreso a la carrera pública magisterial ni en la intencionalidad de su proceso, sino en:
- La crisis organizacional, que se presenta a nivel del Ministerio de Educación, y
- En la problemática magisterial (específicamente en su formación docente y en su perfil profesional).
Respecto a la crisis organizacional del Ministerio de Educación, está reflejada quizás en la designación de Ministros para esta cartera estatal a profesionales no vinculados con la carrera de educación y su problemática, con ministros que por su falta de dedicación exclusiva, quizás por falta de medidas de control y fiscalización, permiten la creación de un sistema de corrupción a nivel de funcionarios en todas las sedes.
Respecto a la problemática magisterial, específicamente a su formación docente y a su perfil profesional. Podemos evidenciar que la falta de seguridad en su formación académica y a la incipiente formación en valores de algunos docentes quienes con el propósito de acceder a una plaza para nombramiento o contrato cometen delitos contra le fe pública sustrayendo los exámenes para ingreso a la carrera pública magisterial. Esto se evidenció en el Concurso programado para el 11 de febrero de este año, en la que postularían 173 223 profesores para un total de 14 899 plazas, en donde también se evidenció, la falta de medidas de seguridad por parte del Ministerio de Educación, Instituto Pedagógico Monterrico y del Instituto Nacional de Estadística e Informática para asegurar el proceso. Asimismo en el examen del 13 de febrero se detuvieron a tres maestros cometiendo este delito, en donde el ministro de Educación, José Antonio Chang informó a a Radio Programas del Perú lo siguiente: “Se han encontrado a tres -yo diría- facinerosos, que han sustraído la prueba y pone en tela de juicio la imparcialidad de la misma”.
Estos hechos son realmente vergonzosos. Es así, que podemos decir que existen docentes que no asumen a la educación en términos de mejora permanente y de calidad educativa, de una población magisterial que pone en tela de juicio sus procesos de formación profesional. Es inadmisible pensar que los niños peruanos, nuestros hijos, sean educados y formados en manos de estos verdaderos impostores de la educación.
Esperemos que el examen programado para el 27 de febrero, tal como ya lo han anunciado las autoridades del Ministerio de Educación, sea un proceso honesto y transparente y que los resultados obtenidos permitan seleccionar a los docentes más preparados e idóneos para ejercer la carrera pública en nuestro país. Nuestro país exige un compromiso serio y permanente por el bienestar de la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes quienes son una realidad, un presente en el país y a quienes hay que ofrecerles lo mejor por el bien de la patria en general.
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